Mediante el decreto 396-21 el Presidente Luis Abinader dispuso un conjunto de medidas administrativas que buscan reducir importantes componentes del gasto gubernamental por parte de todos los entes que conforman el Poder Ejecutivo, y organismos autónomos y descentralizados del Gobierno Central.
Entre las medidas en el decreto 396-2, también se busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los Ministros de Defensa e Interior y Policía, una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.
Igualmente queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del Presidente y Vicepresidenta de la República, Ministros de Defensa e Interior y Policía, Director General de la Policía Nacional, Procuradora General de la República, Comandantes generales de los cuerpos castrenses, Presidente de la DNCD y el Director del DNI.
En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
La responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República.
