La población dominicana interpretó la idea de cambio como una palabra llena de mucha sustancia y sobre todo los ciudadanos entendían que esa idea de cambio sería una realidad, de ahí que la mayoría decidió entregar el voto a un partido que vendió y justificó un cambio que no existía ni va a existir cuando se observan actitudes de algunos funcionarios que violentan los principios de transparencia y ética que emanan de la propia Ley de Función Pública.
Son muchos los casos que podemos mencionar en la que se evidencia que el cambio vendido en campaña es una estafa moral y ética; recordemos algunos de ellos como son el abultamiento de la nómina de la Oficina Desarrollo Provincial, el caso del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), los nombramientos de los famosos clanes familiares en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el regalo descarado de más de 100 millones de pesos del Despacho de los Programas Especiales de la Presidencia, entre otros.
Al parecer el Gobierno que encabeza Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tienen bien marcado cuál es su accionar y el de sus colaboradores consistente en violentar la ley y la ética, el sentimiento de la mayoría del pueblo dominicano que creyó en un cambio que en estos cinco meses ha resultado ser un auténtico fiasco.
Cuando la población observa casos como el de la señora Luz del Alba Luciano, regidora del Ayuntamiento de La Vega y directora regional del Ministerio de Educación, eso indigna, pero no solo eso llena de impotencia a sus propios compañeros de partido que no han podido acceder a un puesto de trabajo, este caso es un ejemplo del desorden de un Estado que no ha podido poner en práctica una frase que ellos mismos acuñaron el «Cambio».
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Ambas funciones que desempeña simultáneamente son incompatibles por ley, en sentido, de acuerdo al artículo 39 numeral E de la ley 176-07 que establece de forma clara, citamos:
“Numeral B: Los empleos públicos cuyo desempeño son motivo de inelegibilidad”.
“Numeral E: Contratas y consultorías de cualquier tipo o condición con el municipio”.
Pero más aún la Ley de Función Pública 41-08, explica en Art. 33 las condiciones generales de ingreso al servicio público y entre ellas en su acápite 5 establece que el funcionario seleccionado no puede ocupar un cargo público si está en el régimen de incompatibilidades. El régimen de Incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas se encuentra el personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos, además de personas al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
También el personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes, así como también el personal al servicio de organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, aquellos que desempeñen funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel, personas que estén al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma ciudadanos al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
Cuando observamos a miembros del PRM, como este caso de la señora Luciano devengando un a Salario en el Ministerio de Educación de RD$160 mil pesos mensuales y en el Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega por 105 mil pesos nos llena de indignación ver como un partido ha engañado a toda una población vendiendo le un Cambio que no existe, es una falacia, que está afectando a millones de dominicanos y a millones de Perremeistas que aún no tienen la dicha de esta señora.
A todo esto, hay varias preguntas que todos y todas debemos hacernos primero; ¿Por qué permitir esta violación el gobierno de Luis Abinader ¿cuál será la posición del ministro de Educación Dr. Roberto Fulcar? Sobre esta situación bochornosa ¿qué dirá la directora de Ética Gubernamental, Dra. Milagros Ortiz Bosch sobre el particular?
Solo recordar al gobierno, a los ministros y funcionarios que la Ley debe ser igual para todos y todas, además debe haber sanciones ejemplares para aquellos que la burlen y saquen provecho de la misma.
