El ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez presentará un recurso de apelación a la orden de 18 meses de prisión preventiva, ante “un tribunal de mayor jerarquía”, anunciaron este miércoles sus abogados.
Los representantes legales del ex procurador, que ofrecieron una rueda de prensa, consideraron que las medidas de coerción impuestas este martes contra Rodríguez son “desproporcionadas”.
El abogado Gustavo Biaggi Pumarol dijo que “es imposible” que Rodríguez pudiera destruir ninguna prueba, “porque están a recaudo de la Procuraduría”.
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Este martes la jueza Kenya Romero envió a prisión a Rodríguez y a otros tres exfuncionarios de la Procuraduría, mientras que dispuso el arresto domiciliario de otros tres implicados en el caso, denominado Operación Medusa.
Para sustentar la petición de prisión preventiva, el Ministerio Público argumentó que el ex procurador ha expresado públicamente que tenía conocimiento de la investigación.
“El Ministerio Público valora la decisión de la jueza, ya que la magistrada acogió las pruebas que presentamos y entendió que los imputados enviados a prisión presentan peligro de fuga y peligro para la destrucción de pruebas”, agregó la procuradora Yeni Berenice Reynoso, responsable del caso, a la salida del tribunal.
La Fiscalía ha asegurado que Rodríguez destruyó pruebas y archivos de la Procuraduría en los últimos meses, sirviéndose de programas informáticos que los supuestos implicados usaron desde fuera de la institución.
Unos días antes de su arresto, Rodríguez intentó tomar un vuelo para salir de República Dominicana, pero las autoridades del Aeropuerto Internacional de Las Américas se lo impidieron, en una decisión polémica, puesto que no se había emitido una orden judicial en su contra.
El grupo está acusado de supuestamente conformar una red criminal que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
El Ministerio Público también los acusa de presuntamente desviar fondos a través de bienes incautados y decomisados, sobrevaluaciones para la compra de bienes e inmuebles, adulteración y formateo de datos de departamentos administrativos.
También le acusa de utilizar fondos de la Procuraduría para un movimiento de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
