Santo Domingo.-La Contraloría General de la República establece que no es oficial el “informe de investigación sobre pagos y libramientos por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado” elaborado por varios peritos de la Unidad Antifraude de esa institución.
Considera que al ser un documento, “confidencial” y de “mero trámite” no debió ser usado por la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca), para trabar oposiciones a pagos por concepto de expropiación e iniciar acciones judiciales, debido a que “no contiene siquiera un dictamen o enjuiciamiento conclusivo sobre los referidos pagos”.
La Contraloría expuso sus consideraciones en una demanda en intervención forzosa que presentó, con motivo de la demanda en nulidad de ese informe que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el abogado Ángel Lockward y la entidad Ángel Lockward & Asociados, en contra de la Contraloría.
En la instancia, la institución señala que el responsable de la Unidad Antifraude que recibió el informe, Leónidas Radhamés Peña Díaz, no lo remitió al Contralor Catalino Correa Hiciano, y que por ende, ese funcionario no lo tramitó ni firmó.
Plantea que el documento es interno y privado, y no se puede encasillar como un acto administrativo firme, a la vez que dice ha circulado de manera arbitraria.
Se desligó de las actuaciones de la Pepca, tras indicar que no depende de la Contraloría, ni de su titular que esa dependencia del Ministerio Público haya tomado acciones en vista de un documento “de mero trámite”, paralizando libramientos y realizando interrogatorios. En base a ese informe, el Ministerio de Hacienda suspendió los pagos por expropiaciones a 89 personas por un valor de RD$17,000 millones, por oposiciones de la Pepca, que se amparó en la resolución judicial número 0010, emitida el 29 de diciembre de 2021 por la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción.
Observó que la Pepca no fue llamada en ese proceso judicial. Y en ese sentido, la Contraloría pidió a los jueces de la Segunda Sala del TSA que acoja la intervención de la Pepca y que se incluya en la sentencia que emita sobre la demanda de nulidad presentada por Lockward y compartes.
La demanda en intervención forzosa fue interpuesta por la Contraloría el 5 de agosto, a través de los abogados Arismendy Rodríguez y Camila Consoró.
